Durante todo el 2011, el gobierno estatal se ha empeñado en desprestigiar a los centros de salud que, apoyados en la ley, realizan abortos.

De hecho, durante la Legislatura de este año, el gobernador Rick Perry promocionó un proyecto de ley (calificado de “emergencia” por el mismo Perry) que obligaría a las mujeres embarazadas a someterse a una ecografía minutos antes de abortar.

El proyecto presentado por el senador republicano Dan Patrick, obligaría además a los centros médicos a evaluar a las mujeres que buscan el aborto pero también a hacerles escuchar los latidos del corazón del bebé y pormenorizar los resultados de la ecografía, detallando a la paciente las características del feto.

También que se oriente a las mujeres sobre otras alternativas al aborto 24 horas antes del procedimiento abortivo. En 2009, un proyecto similar no logró alcanzar los votos necesarios para que se convierta en ley.

Más allá de las polémicas que el tema genera, miles de personas han dado a conocer sus puntos de vista al respecto (a través de protestas en todo el estado), desde el derecho a la vida del no nacido o que se trata de una intromisión a la vida privada de una mujer y su decisión de interrumpir su embarazo.

Lo cierto es que hace unos meses, el gobierno estatal solicitó fondos federales destinados al Programa de Salud de la Mujer que atiende a más de 130,000 pacientes al año.

Pero el detalle radica en que Texas sugirió que se excluyan a varios de los proveedores de salud, entre ellos al más grande en su clase.

Se trata de la cadena de clínicas llamadas Planned Parenthood, donde el 46 por ciento de mujeres (de las 130,000) realizó servicios pre natales en 2010 y el cual recibió 44 por ciento del total de reembolsos que le corresponde a nivel estatal y federal.

Pero esta semana, el gobierno federal rechazó el pedido de Texas porque lo considera una exclusión a un proveedor que efectúa servicios de toda índole (pre natal) ahora propagados en todos los rincones del estado y principalmente porque de hacerlo, violaría la ley de la Seguridad Social.

La crítica que el gobernador Rick Perry ha hecho a Planned Parenthood ha sido que allí se realizan prácticas abortivas. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido “que el dinero de los seguros de asistencia de salud, llámese Medicare o Medicaid, no paga servicios abortivos”.

Lo que se ha ofrecido es negociar y en marzo de 2012 sentarse y renovar el acuerdo que existe entre Texas y el gobierno federal.

Ojo, acá no estamos atacando ni defendiendo al aborto, sino más bien nos preocupa que las negociaciones entre el estado y el gobierno federal afecten a los programas de salud y por consiguiente a un buen porcentaje de mujeres que no pueden acceder a un seguro médico privado.

Y todos sabemos que al no contar con fondos, las clínicas comunitarias reducirían su personal y la tendencia es que clausurarían sus operaciones. Habrá que esperar hasta marzo.

Por El Editor

jcastillo@semananews.com

Twitter: @jcastillocas