México (EFE).- Las autoridades mexicanas abrieron la primera Fiscalía de atención a víctimas de la violencia, fenómeno que en los últimos cinco años se ha incrementado con la guerra al narcotráfico y que ha cobrado la vida de 40,000 personas.

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos (Províctima) operará en combinación con la sociedad civil las 24 horas, incluyendo un servicio de línea telefónica 01 800 VICTIMAS (01800 842 84 62).

La intención es que Gobierno y ciudadanía trabajen de la mano para responder "con eficacia y sensibilidad" a los afectados, precisó el presidente de México, Felipe Calderón, durante la inauguración de Províctima, con sede en Ciudad de México.

"Le pido que mantenga abiertas permanentemente las puertas de esta institución a todo ciudadano, a toda persona que requiera respaldo, que requiera apoyo, que requiera consuelo, que establezca un diálogo constante con las víctimas y ofendidos, y se asegure que el trabajo (...) esté respondiendo a las necesidades de los ciudadanos", dijo el mandatario a la titular de Províctima, Sara Irene Herrerías Guerra.

La atención de las víctimas ha sido una de las principales demandas de la sociedad civil y de movimientos -como el encabezado por el poeta Javier Sicilia- contra la ola de violencia que azota al país.

Obligación

El mandatario dijo además que ha escuchado "cómo la gente después de ser víctima de un delito, víctima de la delincuencia, vuelve a sufrir la doble victimización: por un lado la violencia misma y, por otra, la indolencia, el maltrato, la insensibilidad de servidores públicos".

"Tenemos la obligación ética y humana en todos los niveles de gobierno de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar la pena que sufren las víctimas de la violencia, los ofendidos del delito", enfatizó.

Los datos Desde el inicio de su administración, Calderón lanzó una lucha frontal contra el crimen organizado con la participación de miles de soldados y policías federales. En los cinco años de mandato de Calderón se ha registrado un incremento de los delitos violentos en todos los estados del país, que algunos sectores atribuyen a la actual estrategia de seguridad.