Se había calculado en un principio que serían unos 800,000 los jóvenes que podrían calificar para la llamada Acción Diferida. Luego se dijo que superarían el millón, y ahora el Centro Hispano Pew acaba de sugerir que serían 1.8 millones de dreamers los que podrán iniciar el proceso para legalizar su situación migratoria, al menos por un par de años. Luego de ese lapso, ya veremos.

Estos muchachos no serán deportados, a menos que tengan antecedes criminales. Son pues, en su gran mayoría, dignos soñadores que en el camino han luchado para ver realidad un sueño, que aunque a medias, significa un gran logro. En su batalla por encontrar la legalidad los hemos visto protestando y al mismo tiempo buscando los medios para graduarse, para ser los primeros en sus familias en alcanzar una carrera profesional.

Han debido aguantar sin reparos el rechazo de una parte de la sociedad que prefiere verlos escondidos en las sombras, como si no existieran, como si carecieran de susceptibilidades al resistir los enconos y prejuicios de quienes querían vapulearlos.

Los jóvenes indocumentados de hoy dan la cara, no se ocultan.

Aunque el Gobierno ha señalado que el proceso puede tomar varios meses, ese breve tiempo no es nada comparado a los años que miles han debido esperar para que se cumpla ese sueño.

También se ha dicho que la información suministrada por los beneficiarios, de hasta 30 años de edad, no será compartida con otras agencias migratorias.

Hoy los dreamers se preparan para iniciar la mecánica administrativa que los guiará súbitamente a una lenta inmersión en la sociedad.

Se les asignará un número de seguro social con el cual podrán obtener una licencia de conducir, una cuenta bancaria, una línea de crédito, hasta una propiedad, por qué no. En síntesis, se convertirán en una herramienta que podría servir como carne de cañón a las aves de rapiña que buscan aprovecharse de esa fragilidad a la que están sometidas las personas nuevas en un sistema. En ese laberíntico sendero, donde se esconden los aprovechadores de toda índole, habrá que mantener la pierna en alto y sostener la ecuanimidad necesaria para no dejarse embaucar.

Porque si hay fraude, queridos estudiantes – y esto va también para el padre de familia, pariente, amigo -, les van a estampar un matasello con el símbolo de “prioridad” para una deportación directa.

Hagan las cosas bien, con dignidad, bajo la rectitud de un proceso que merece pulcritud y respeto. Hacer lo contrario merecería una condena por parte de los que actuaron de buena fe y pondría en peligro futuras legislaciones similares a esta.

Habrá que recordar siempre que poner de manifiesto la integridad consiste en ser leales, en construir esa confianza y defenderla siempre.

Por El Editor

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