La crisis por la inhabilitación de magistrados ha sumido al Poder Judicial de El Salvador no sólo en un conflicto con el Parlamento, sino en una división interna originada en los intereses de los principales partidos políticos del país.

El propio presidente salvadoreño Mauricio Funes ha señalado que en esta situación "hay un problema político de distribución de cuotas de poder", al descartar que el conflicto sea únicamente de "carácter jurídico constitucional".

La semana pasada acudieron a trabajar los diez magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya elección fue anulada por la Sala de lo Constitucional con el argumento de que una misma legislatura no puede elegir en dos ocasiones a los jueces del Poder Electoral.

Esos magistrados asumieron sus cargos hace pocos días, en una sesión bajo fuertes medidas de seguridad, a la que no asistió Belarmino Jaime, presidente del Supremo y de la Sala de lo Constitucional.

"Con mi elección se quiebra una forma de ejercer el poder público, pues la derecha, tanto política, empresarial como social, acostumbrada a utilizar el aparato público para satisfacer sus intereses corporativistas, pierde esa posibilidad". ~ Mauricio Funes, presidente de El Salvador.

Días después, también acudieron a sus puestos los cinco jueces principales y varios suplentes de la Sala Constitucional, los cuales no instalaron el pleno que había convocado Jaime, lo que hizo saltar las alarmas por el peligro de un Supremo bicéfalo en El Salvador, según un portavoz del organismo judicial.

"Es una situación muy peligrosa" para el Poder Judicial y el país, advirtió este martes a los periodistas el diputado del partido minoritario Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés.

Antecedentes

El conflicto surgió el 5 de junio pasado cuando la Sala Constitucional anuló las elecciones de los magistrados hechas por el Parlamento en el 2006 y el 24 de abril pasado, cinco principales y sus respectivos suplentes en cada caso, aunque determinó que los elegidos hace seis años podían seguir en el cargo hasta una nueva designación.

Cada tres años se deben elegir a cinco de los 15 miembros del Supremo, que cumplen períodos escalonados de nueve años.

La Constitución salvadoreña no establece en qué período debe elegirse a los magistrados, pero la Sala dictaminó que una misma legislatura no puede hacerlo en dos ocasiones y que ya se había cumplido la primera.

El Parlamento elevó el caso a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que dictó suspender los fallos de la Sala salvadoreña, pero ésta no acató esa orden, aunque tampoco pudo impedir que los jueces que inhabilitó asumieran el domingo pasado sus cargos para el período 2012-2021.

La culpa

Al margen de los recovecos jurídicos, el presidente Funes reconoció en declaraciones a la televisión local que el origen del conflicto es político, y señaló a "la derecha" como la causante.

"Con mi elección se quiebra una forma de ejercer el poder público, pues la derecha, tanto política, empresarial como social, acostumbrada a utilizar el aparato público para satisfacer sus intereses corporativistas, pierde esa posibilidad", subrayó.

Añadió que debido a que ARENA recuperó una cuota de poder al ganar las legislativas y municipales del 11 de marzo pasado, quiso elegir magistrados favorables a sus intereses en la actual legislatura, que empezó el 1 de mayo, pero el FMLN y otros partidos minoritarios se adelantaron y lo hicieron en el período saliente.

El jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano, declaró que el fondo de la crisis es "una lucha de poder", que "está manteniendo el FMLN con la intención de saltar sobre las instituciones del Estado y apoderarse de ellas". /EFE