Más allá de ser una movida electoral, el anuncio del presidente Barack Obama, de darle una oportunidad a los estudiantes indocumentados para obtener un permiso laboral, ofrece una luz de esperanza para otros millones en situación irregular que se esconden en las sombras.

Ahora, los dreamers tendrán que demostrar a través de una serie de trámites todos los requisitos que les pide el Departamento de Seguridad Nacional y así conseguir, al menos por un par de años, la oportunidad de pertenecer legalmente al sector laboral.

La gran incógnita es ¿qué pasará después de esos 24 meses en caso de que el Congreso no apruebe un DreamAct o una reforma migratoria?

Si se repite la historia del 2010, cuando el proyecto de ley que le daría un camino a la legalización no alcanzó los 60 votos necesarios en el Senado (solo votaron 55 a favor, aunque en la Cámara de Representantes sí se lograron los 208 votos), entonces se tendría que pensar en una posibilidad más sólida.

Esta sería la de renovar este permiso laboral, al igual que ocurre con otros similares como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que se emite a varios países centroamericanos.

Sea como fuere, el sentimiento acalorado sobre el tema sigue latente y creciendo como la espuma, ya sea a favor o en contra. Esta semana, una agencia gubernamental en el sector agrario (SASDA) adoptó una plataforma creada por el comisionado de agricultura de Texas, Todd Staples, que sugiere una estructuración inmediata para que se apruebe una reforma migratoria.

Hace dos semanas, el pleno del Partido Republicano de Texas se manifestó al respecto sobre un programa de trabajadores huéspedes que le darían la posibilidad a las empresas de contratar a indocumentados en caso que no se satisfaga la demanda de mano de obra en Estados Unidos.

Estos ofrecimientos hay que celebrarlos a pesar de ser sólo meras sugerencias. En todas, el indocumentado tendrá que salir del anonimato para poder acceder a una posibilidad de elegibilidad.

Lo que no calza en este cuadro de opciones es cómo el gobierno federal administrará los casos si tomamos en cuenta las 300 mil peticiones de deportación que el Servicio de Inmigración y Aduanas tenía pendientes y en donde usaría discreción para tratar de no separar a las familias y los casos en donde los delitos eran menores. Desde noviembre, fecha del anuncio, hasta el día de hoy, sólo una mínima fracción de casos ( 7%) fueron hallados elegibles.

Sólo queda esperar y que los grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes sigan recuperando la esperanza de los que quieren vivir en la legalidad sin hacerle daño a la sociedad que los cobija.

Por El Editor

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